El secuestro y el posterior asesinato de Fernando Martí han conmocionado al país. No hay palabras ni gestos que puedan aminorar el dolor de los padres y hermanos de este joven, cuya prometedora existencia fue truncada de una manera vil y despiadada, a pesar de que sus padres habían pagado, se afirma, el rescate exigido. Pocas veces se ha visto tal alarde de crueldad y desprecio a la condición humana de la víctima y de sus familiares.

El agravio y la indignación social se profundizan al conocerse la presunta implicación de autoridades policíacas del Distrito Federal en estos hechos delictivos. El reclamo del presidente Calderón al gobierno del DF por su escasa disposición a coordinarse con la federación —alegando vagas razones de lealtad ideológica—, está plenamente justificado, pues en este caso las autoridades policíacas federales fueron las últimas en enterarse.

No es la primera vez, en la historia reciente, que uno o una serie de secuestros ponen al país en grave tensión, acrecentando la sensación de inseguridad e impotencia y multiplicando la desconfianza de la sociedad en las autoridades de los diversos órdenes de gobierno. En su momento los gobiernos han respondido buscando eliminar o acotar la pandemia. Sin embargo, hoy el secuestro toma un auge inesperado, los depredadores retan al Estado y las autoridades muestran desconcierto y una evidente falta de coordinación.

En el gobierno del presidente Salinas se estableció un mecanismo en el que el director de Interpol en México se convirtió en el coordinador operativo de la estrategia antisecuestros. Con Ernesto Zedillo se lanzó la cruzada nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, de la que surgió el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el sexenio de Fox se creo la Fiscalía Especial Antisecuestros de la PGR.

Estos esfuerzos sirvieron en su momento para parar las oleadas delincuenciales y acotar el problema, sin embargo, les han faltado continuidad y renovación. La muerte del joven Martí Haik pone en cuestión el tema de la organización (coordinación) del Estado para enfrentar el delito, la disfuncionalidad de los modelos policíacos vigentes, la inadmisible diferencia entre delitos federales y delitos del fuero común, entre otras cosas.

Lo que se puede ver a simple vista es la inadmisible descoordinación al interior de las instancias federales de prevención y persecución del delito, y de éstas con las autoridades locales. La eterna lucha por mantener la “soberanía” sobre el pequeño poder y el pequeño territorio. El otro rasgo que salta a la vista es la corrupción de muchas autoridades policíacas, su complicidad con los delincuentes, y la creciente impunidad. Son visibles también los vacíos y lagunas legales para combatir con más eficacia estos delitos.

Ahí está la iniciativa presentada desde el inicio de su gobierno por el presidente Calderón, en la que se propone, entre otras cosas, elevar las penas para los delitos de secuestro agravado (“prisión vitalicia”), y mayores requisitos para el control de confianza en los cuerpos policíacos, y que por falta de acuerdos reposa en la congeladora en el Senado de la República.

El flagelo brutal del secuestro se extiende por todo el país y afecta a todas las clases sociales. No se necesita ser rico ni potentado para ser candidato al secuestro. Según la prensa, este delito se ha desatado en entidades como Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y Tabasco, sin retroceder su siniestra presencia en el Distrito Federal, Baja California, Jalisco y Guerrero.

El asesinato de Fernando Martí, además de que requiere ser esclarecido a cabalidad, y sus ejecutores juzgados y sancionados con toda la fuerza del Estado, debe ser también, como se ha dicho, un punto de inflexión. Se requiere replantear el problema en sus raíces. Hay que empezar liquidando la insuficiente coordinación. El tema de la seguridad pública debe ratificarse como la primera prioridad política del Ejecutivo federal y extenderse a los tres niveles de gobierno.

Un gabinete de seguridad debe producir políticas de seguridad homogéneas y de aplicación general en todo el país. Generar acciones y operativos coordinados. Consolidar bancos únicos de datos de información policial. Los respectivos sistemas de inteligencia y de profesionalización policíaca. Controles de confianza con mecanismos permanentes de actualización.